El Ministerio ha recibido más de 421.000 solicitudes en el último año, la mayoría vinculadas al alquiler vacacional.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha pedido a varios portales inmobiliarios que retiren más de 86.000 anuncios de viviendas turísticas y de alquiler de temporada que no cumplen con los requisitos legales para este tipo de alojamientos. Estas solicitudes de retirada corresponden a anuncios detectados desde enero del año pasado, cuando se puso en marcha el registro estatal de alquileres de corta duración, según el propio ministerio dirigido por Isabel Rodríguez.

Los anuncios señalados corresponden a viviendas que solicitaron el número de registro obligatorio, pero que finalmente no lo obtuvieron por no acreditar los requisitos exigidos para la licencia.

El registro único de alquileres turísticos y de temporada entró en vigor el 2 de enero de 2025. Desde ese momento, los propietarios están obligados a tramitar un número de registro a través de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos antes de publicar su vivienda en plataformas online. No obstante, la obligación de disponer de este número no fue exigible hasta el 1 de julio de 2025, ya que se estableció un periodo transitorio de adaptación.

Durante el último año, el Ministerio ha detectado 86.275 viviendas anunciadas sin el número de registro correspondiente, a pesar de haber iniciado el trámite para obtenerlo.

Para conseguir este número de registro, los propietarios deben aportar varios datos del inmueble: referencia catastral, dirección, código registral único, tipo de alquiler y ocupación prevista. Además, es necesario acreditar que se cuenta con las licencias exigidas por la normativa autonómica o municipal, como la licencia turística, la de habitabilidad o la urbanística. Una vez concedido el número de registro, este debe aparecer en todos los anuncios publicados y mantenerse actualizado si cambia alguna condición relevante de la vivienda o de su régimen de alquiler.

En los últimos doce meses se han presentado 412.253 solicitudes de registro. La mayoría corresponden a alquiler turístico (320.620 solicitudes, el 78%), mientras que 91.608 (22%) están relacionadas con alquileres de temporada. Desde el Ministerio reconocen que gran parte de las solicitudes rechazadas —y, por tanto, de los anuncios irregulares detectados— se produjeron a partir de julio. Solo entre julio y agosto se rechazaron casi 35.000 solicitudes de apartamentos turísticos, de las aproximadamente 69.000 presentadas en ese periodo.

Cuando el Ministerio comunica estas irregularidades, las plataformas donde se anuncian los inmuebles deben retirar obligatoriamente los anuncios, ya que una misma vivienda puede estar publicada en varias plataformas al mismo tiempo.

Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza el número de solicitudes rechazadas con 21.872, seguida de Comunidad Valenciana (14.387) y Canarias (13.726). En cuanto a municipios, Madrid es la ciudad con más denegaciones (5.344), seguida de Barcelona (5.005) y Málaga (2.993), tres ciudades donde la concentración de viviendas turísticas es especialmente elevada.

El Ministerio defiende que este registro obligatorio busca reducir el fraude en los alquileres de corta duración y facilitar que parte de estas viviendas pueda incorporarse al mercado de alquiler residencial. En algunos casos, los inmuebles pueden anunciarse temporalmente porque, antes de recibir el número definitivo, se les asigna un registro provisional.

Además, distintos organismos están supervisando la información publicada en plataformas inmobiliarias como Idealista, Fotocasa o Airbnb. El Ministerio de Consumo ha abierto investigaciones tras detectar anuncios que podrían incumplir la ley de vivienda, por ejemplo, al ofrecer precios superiores a los permitidos en zonas declaradas tensionadas. Según Consumo, estas prácticas podrían considerarse infracciones por publicidad engañosa.

En esta línea, el ministerio ya ha impuesto sanciones a varias empresas. Entre ellas destaca una multa de 64 millones de euros a Airbnb por permitir anuncios de viviendas sin licencia en su plataforma. Es la segunda sanción más alta impuesta por Consumo a una sola empresa, después de los 108 millones de euros a Ryanair en noviembre de 2024 por prácticas consideradas abusivas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano.

Otra empresa bajo investigación es Alquiler Seguro, que podría enfrentarse a una sanción de 3,6 millones de euros por supuestas vulneraciones de los derechos de los consumidores.